MERCOSUR: Vetada Venezuela para ejercer la presidencia – su futuro dentro del bloque es incierto

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Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países fundadores del MERCOSUR, el Mercado Común del Sur, firmaron el pasado 13 de septiembre de 2016 una “Declaración Conjunta relativa al funcionamiento del MERCOSUR y al Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR”. 

La Declaración impide a Venezuela tomar su turno a cargo de la presidencia del MERCOSUR y amenaza con suspender a Venezuela a menos que para el 1º de diciembre de 2016 cumpla con las obligaciones que asumió al ser admitida como miembro de la organización. 

La expulsión del bloque comercial podría aislar aún más a Venezuela. 

Antecedentes 

La Presidencia del MERCOSUR rota entre los miembros plenos del bloque cada seis meses, por orden alfabético. En julio le correspondía el turno a Venezuela, pero Argentina, Brasil y Paraguay bloquearon a Venezuela para impedirle asumir el cargo. Al mismo tiempo, Uruguay sostenía que el orden preestablecido debía ser seguido y los miembros fundadores acordaron retomar el tema. 

Todos los miembros fundadores han decidido ahora que Venezuela no debería tomar posesión de la presidencia rotativa. En su lugar, el cargo será ocupado durante este período por una comisión de coordinadores de los países fundadores. 

El Protocolo de Adhesión por el que se admite Venezuela al MERCOSUR fue suscrito entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela el 4 de julio de 2006, y se convirtió en miembro pleno del MECOSUR con todos los derechos y obligaciones inherentes a dicha condición el 13 de julio de 2012, esto es, 30 días después de que el Protocolo fue ratificado por los cinco países firmantes y depositado ante la organización. 

El mismo Protocolo de Adhesión estableció que Venezuela estaba obligada a adoptar en forma gradual todo el acervo normativo del MERCOSUR —estimado en más de 300 normas—.  Para cumplir con esa obligación, Venezuela contaba con un plazo de cuatro años desde la fecha de entrada en vigencia del Protocolo de adhesión.  Ese plazo venció el mes de agosto de 2016. 

Las obligaciones incumplidas por Venezuela 

El acervo normativo que Venezuela debía adoptar al incorporarse al MERCOSUR incluía un grupo significativo de tratados comerciales, protocolos y acuerdos que requieren aprobación legislativa para ser incorporados al ordenamiento jurídico interno venezolano.  Adicionalmente, Venezuela debía adoptar también la nomenclatura común del MERCOSUR y el arancel externo común del bloque, adecuando su legislación interna a la normativa del MERCOSUR, para así facilitar las operaciones de importación y exportación y poder alcanzar el libre comercio con los demás países miembros.  En los cuatro años transcurridos desde su ingreso al bloque, los avances de Venezuela en el cumplimiento de esas obligaciones han sido pocos. 

Lo que está sucediendo 

Durante la primera mitad de este año, la presidencia temporal del MERCOSUR estuvo en manos de Uruguay.  A Venezuela le correspondía ejercer la presidencia en forma rotativa durante el segundo semestre de 2016. Sin embargo, los demás países miembros impidieron que Venezuela tomara posesión del cargo, debido al incumplimiento de Venezuela a sus obligaciones legales con el bloque así como reparos sobre el respeto a los derechos humanos en Venezuela y déficits democráticos en dicho país. Por ello, al acordar que Venezuela no debería asumir la presidencia temporal, los cancilleres del bloque decidieron que, en su lugar, el cargo sería ocupado durante el resto del 2016 por una comisión de coordinadores de los países fundadores.

 El MERCOSUR continúa, pero el futuro de Venezuela dentro del bloque es incierto 

El veto contra Venezuela, según señalan algunos observadores, podría haber paralizado rápidamente al MERCOSUR amenazando con destruirlo por completo.  La agencia de noticias MercoPress cita declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, José Luis Cancela, donde afirma que si Uruguay no hubiera apoyado la Declaración Conjunta, “el MERCOSUR hubiera entrado en una completa parálisis”.  Venezuela ha reaccionado negativamente calificando de “artimaña jurídica” a la Declaración Conjunta, pero también ha anunciado que está dispuesta a dialogar con sus socios del MERCOSUR. 

Por los momentos, todo parece indicar que el consenso alcanzado en la Declaración conjunta ha asegurado efectivamente la continuidad en el funcionamiento de los asuntos económicos y comerciales del MERCOSUR —el bloque comercial más importante de Latinoamérica— así como también las negociaciones con otros países y grupos de países, en particular el acuerdo de libre comercio que el MERCOSUR viene negociando con la Unión Europea. 

La Declaración concede un plazo adicional a Venezuela para que cumpla las obligaciones asumidas en su Protocolo de adhesión.  Ese plazo ha sido interpretada por algunos analistas como un ultimátum, ya que si para el 1º de diciembre Venezuela no cumple los compromisos que asumió al incorporarse al MERCOSUR, puede ser suspendida del bloque. 

Sin embargo, en caso de que la suspensión sobrevenga, no se conocen sus potenciales términos.  El único soporte legal dentro del MERCOSUR que existe en relación con una suspensión y cuya pertinencia tampoco resulta clara, es el Protocolo de Ushuaia de 1998, que establece que un estado miembro puede ser suspendido en caso de “ruptura del orden democrático” en ese estado.  No está claro si ese Protocolo podría ser aplicado en este caso, y cómo sería aplicado. 

¿Qué sigue ahora? 

Parece poco probable que Venezuela pueda ponerse al día con las obligaciones incumplidas en el breve plazo fijado en la Declaración.  Sin embargo, algunos cancilleres de los países fundadores han expresado que no existe interés en expulsar a Venezuela del MERCOSUR, y han comentado que cuando venza el plazo dado hasta el 1º de diciembre verán en qué estado están las cosas y decidirán los próximos pasos a seguir. 

Conozca más sobre las implicaciones de esta decisión poniéndose en contacto con cualquiera de los autores.

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*Marlon Meza is a Venezuelan lawyer working in DLA Piper’s Houston office as a Texas Board Certified Foreign Legal Consultant.