Se aplica por primera vez en Argentina la Ley de Responsabilidad de las Empresas: Puntos principales
Por primera vez desde su promulgación en 2018, la Ley 27.401 de Argentina (Ley de Responsabilidad Penal Empresaria) ha sido aplicada en un caso que involucra a una sucursal local de una empresa de seguridad de capital extranjero.
La Ley establece el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas por los delitos de: (i) cohecho y tráfico de influencias; (ii) negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; (iii) concusión; (iv) enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y (v) falsificación de balances e informes.
La entidad implicada en el caso denunció ante un juez federal en 2020 que los representantes de su empresa habían pagado importantes sobornos a funcionarios públicos tanto en beneficio propio como, eventualmente, de la empresa. La acusación derivó de una investigación interna de cumplimiento desencadenada por la denuncia anónima de un antiguo empleado a través de la línea directa de la empresa, de acuerdo con el programa de integridad de la organización. En ciertos casos, esa autodenuncia se considera una excepción de las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidad Penal de las Empresas.
Bajo el escrutinio de dicha ley, los antiguos ejecutivos de la empresa han sido acusados de defraudar a la administración pública, soborno, regalos ilegales y administración infiel o fraudulenta. En consecuencia, nueve miembros del Directorio fueron detenidos.
El caso, que se tramita en un Juzgado Federal de la Provincia de Buenos Aires, ha atraído una importante atención mediática y ha dado lugar a más de 50 allanamientos en todo el país.
Esta aplicación de la Ley 27.401 pone de manifiesto la importancia de que las empresas cuenten con programas de integridad acordes con las directrices de la Oficina Anticorrupción, así como de mantener políticas internas que permitan detectar y prevenir el fraude o la corrupción. Un programa de integridad funcional es obligatorio para contratar con el gobierno nacional argentino.
Continuaremos monitoreando los desarrollos relacionados con la Ley 27.401. Para más información, póngase en contacto con los autores.
