Nueva agenda de seguridad entre Perú y Estados Unidos: implicancias para empresas y proveedores

Los anuncios bilaterales entre Perú y Estados Unidos abren oportunidades en infraestructura y tecnología de seguridad, pero también elevan las exigencias en contratación pública, protección de datos, integridad e investigaciones transfronterizas.

En una actualización anterior analizamos el entorno legal y regulatorio del Perú tras el cambio de administración presidencial. Esta vez examinamos el capítulo de seguridad de la agenda de cooperación que ambos países anunciaron hace pocas semanas y lo que ello puede significar para las empresas.

Tras la ceremonia de toma de mando presidencial, a fines de julio de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la declaración “Oportunidades para el crecimiento en las relaciones entre Estados Unidos y Perú”, que traza una agenda bilateral amplia: seguridad, comercio e inversión, infraestructura, tecnología, cooperación espacial y gestión de desastres. Nos concentramos aquí en el componente de seguridad, que comprende la lucha contra el crimen organizado transnacional, el refuerzo de la seguridad fronteriza, la mejora de la infraestructura penitenciaria, el despliegue de tecnologías biométricas y el fortalecimiento de las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Desde Lima, el canciller Carlos Espá fijó, al asumir el cargo, un primer objetivo de gestión: que la política exterior contribuya a la lucha contra la inseguridad y la corrupción. Anunció, además, que reforzará la coordinación con los países vecinos con base en el Compromiso Regional de Santiago y en la incorporación del Perú al Escudo de las Américas.

Ninguno de estos anuncios genera obligaciones inmediatas para el sector privado, pero todos anticipan un escenario distinto para las empresas de tecnología, infraestructura, servicios financieros, minería y logística, entre otros sectores expuestos a riesgos de seguridad y de cumplimiento transfronterizo.

Del compromiso político a la implementación

La declaración estadounidense reúne medidas con distintos grados de madurez. Algunas ya operan, como la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales de la PNP, a cargo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) con apoyo del Departamento de Estado. Otras recién se crearán, como la Unidad de Investigación de Delitos Complejos de la PNP, sujeta a controles de confianza, financiada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y gestionada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Un tercer grupo sigue en desarrollo: la ampliación del registro biométrico en establecimientos penitenciarios y zonas de frontera, la donación de dos equipos de detección de trazas de explosivos para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la participación de proveedores estadounidenses de tecnología en los planes de infraestructura penitenciaria.

El marco de cooperación regional todavía requiere precisiones. El Departamento de Estado de los Estados Unidos describe al Perú como miembro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), mientras que la Cancillería peruana alude a la incorporación del país al Escudo de las Américas, iniciativa lanzada mediante una proclamación suscrita el 7 de marzo de 2026 en Miami. Funcionarios estadounidenses han señalado que no se trata del mismo instrumento: el Escudo opera como un marco general y la A3C se inserta en él sin agotarlo, con una composición distinta. La participación peruana, por tanto, podría formalizarse por vías diferentes, con alcances y salvaguardas también distintos.

Un mercado emergente para infraestructura y tecnología de seguridad

El componente comercialmente más tangible de la agenda es la reunión que el Departamento de Comercio de Estados Unidos convocará en Lima en septiembre de 2026 con empresas estadounidenses del sector para explorar oportunidades vinculadas a la construcción de nueve nuevos establecimientos penitenciarios.

Según el anuncio, se trata de una actividad de prospección de mercado y promoción de proveedores, no de un proceso de selección o contratación, y tampoco implica financiamiento estadounidense para la obra. La cartera de proyectos, las ubicaciones, los presupuestos, las especificaciones técnicas y los modelos de ejecución dependerán de la planificación y contratación del Gobierno peruano, incluidos el Plan 2026–2028 para la Descongestión Penitenciaria y los documentos de gestión del Instituto Nacional Penitenciario y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La agenda perfila una demanda potencial en áreas como:

• Construcción y gestión de infraestructura penitenciaria
  
  
• Control biométrico de internos, personal y visitantes
  
  
• Videovigilancia y analítica de imágenes
  
  
• Detección de armas, explosivos y sustancias prohibidas
  
  
• Control de acceso e inspección de personas, equipaje y vehículos
  
  
• Inhibición de comunicaciones no autorizadas
  
  
• Plataformas de gestión penitenciaria
  
  
• Ciberseguridad y comunicaciones seguras
  
  
• Tecnologías forenses y de investigación criminal

Las empresas interesadas podrían evaluar los modelos de contratación aplicables, los requisitos para proveedores extranjeros, la eventual exigencia de una entidad o de un socio local, la protección de la propiedad intelectual, el mantenimiento de los sistemas, la transferencia de tecnología y las obligaciones de integridad en el trato con autoridades y funcionarios públicos.

Consideraciones sobre biometría y gobernanza de datos

La ampliación del registro biométrico en penales y en zonas fronterizas abre un nuevo frente para los proveedores de tecnología y los operadores de bases de datos.

Los proyectos que involucren reconocimiento facial, huellas dactilares u otros identificadores quedarían sujetos a las normas peruanas de protección de datos personales, ciberseguridad y gobierno digital. Varios puntos siguen abiertos:

• La entidad responsable de la base de datos
  
  
• La base legal y la finalidad del tratamiento
  
  
• Las entidades autorizadas a acceder a la información y la posible transferencia de datos a autoridades extranjeras
  
  
• Los plazos de conservación y las medidas de seguridad y trazabilidad
  
  
• Los procedimientos para corregir errores o falsos positivos
  
  
• Las responsabilidades de los proveedores que almacenen, integren o procesen la información

Estos proyectos no se limitan a la compra de equipos. Cuando se trata de datos biométricos o de información de investigaciones criminales, se requiere una gobernanza de datos con responsabilidades claramente asignadas.

La agenda contempla, además, una cumbre sobre inteligencia artificial (IA) en Lima el 8 de septiembre de 2026 y la designación de un asesor de ciberseguridad para el Gobierno peruano.

Exposición a investigaciones y controles transfronterizos

La cooperación anunciada apunta a intensificar el intercambio de inteligencia, las investigaciones paralelas y la trazabilidad de los activos y de las transacciones financieras. La Oficina de Lucha contra el Terrorismo del Departamento de Estado enviará al Perú un equipo del Departamento de Justicia de Estados Unidos para afinar la coordinación y el flujo de información en las acciones contra el Tren de Aragua. En paralelo, el FBI, el DHS y la INL reforzarán a las unidades especializadas de la PNP.

Bancos, empresas de tecnología financiera, empresas de remesas, operadores de transporte y logística, mineras y comercializadores de materias primas, entre otros, podrían enfrentar un estándar más exigente: identificar a personas y entidades sancionadas, determinar el beneficiario final de sus contrapartes, detectar vínculos indirectos con redes criminales, conservar la información relevante para las investigaciones y responder a requerimientos de autoridades de distintas jurisdicciones.

Consideraciones empresariales

Mientras se definen los instrumentos de implementación, las empresas expuestas podrían adelantarse con algunas medidas:

• Mapear su exposición a operaciones, proveedores, clientes o proyectos vinculados con seguridad, fronteras, infraestructura penitenciaria, minería, transporte o servicios financieros
  
  
• Prepararse para competir en proyectos públicos: requisitos de contratación, estructuras locales, alianzas, experiencia demostrable y capacidad de mantenimiento y soporte
  
  
• Actualizar los controles de integridad aplicables a funcionarios públicos, intermediarios, agentes comerciales y potenciales socios locales, de conformidad con las normas anticorrupción peruanas y extranjeras
  
  
• Revisar las consideraciones de gobernanza de datos, incluido el tratamiento biométrico, las transferencias internacionales, el acceso por parte de autoridades y la respuesta a incidentes
  
  
• Fortalecer los controles de terceros, incluidos los relacionados con sanciones, prevención del lavado de activos, beneficiario final y monitoreo de contrapartes

Posibles desarrollos a monitorear

• La formalización de la participación peruana en la A3C y el Escudo de las Américas, así como los instrumentos que sustenten dicha participación
  
  
• La definición de la cartera de establecimientos penitenciarios y del régimen de contratación aplicable
  
  
• La reunión de septiembre de 2026 convocada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos y la cumbre de IA del 8 de septiembre de 2026
  
  
• Los protocolos que rijan la biometría y el intercambio internacional de información
  
  
• La misión empresarial de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos en los sectores de energía, infraestructura y minerales críticos, y los avances relacionados con la ampliación del Puerto del Callao
  
  
• La publicación de procesos de contratación relacionados con infraestructura y tecnología de seguridad

Conforme estos procesos avancen, los anuncios de política bilateral y los proyectos formalmente estructurados plantearán exigencias jurídicas, regulatorias y comerciales distintas, sobre todo allí donde converjan la contratación pública, la tecnología, la protección de datos y la integridad.

Para más información, comuníquese con los autores.

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