14 de agosto de 2026
Puerto Rico aprueba una ley que protege como “work product” ciertas comunicaciones de expertos y borradores de informes periciales
La Ley 172-2026 de Puerto Rico, aprobada el 6 de agosto de 2026, otorga protección bajo la doctrina del producto del trabajo o “work product” a ciertas comunicaciones entre abogados y peritos y borradores de informes periciales, sujeto a excepciones específicas.
La ley responde a la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras, et al. (II), 206 DPR 659 (2021), en la que se sostuvo que, conforme a la legislación vigente en Puerto Rico en ese momento, los borradores del informe de un perito que va a testificar y las comunicaciones entre el perito y el abogado o la abogada que lo contrató en relación con el informe son susceptibles de divulgación y no están protegidos por la doctrina de “work product”, a menos que exista una protección expresa basada en una ley o norma. En particular, el Tribunal concluyó que la Regla 23.1(c) de Procedimiento Civil de Puerto Rico no protegía categóricamente los borradores de los informes periciales ni las comunicaciones entre el abogado y el perito relacionadas con dichos informes.
La Ley 172-2026 de Puerto Rico modifica la Regla 23.1(c) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, que regula el alcance y las limitaciones de la divulgación de prueba pericial, para establecer que los borradores de informes preparados por los peritos y las comunicaciones entre los peritos y los abogados de las partes están protegidos bajo la doctrina de “work product”. Como tal, por lo general no son objeto de divulgación, independientemente de la forma o el medio en que se preparen o conserven.
La norma modificada incluye como excepción que un tribunal puede ordenar la divulgación de borradores de informes y comunicaciones con los peritos si:
- Se refieran a la remuneración que se le pagará al experto por el análisis o el testimonio; o
- Identifiquen hechos, datos o suposiciones proporcionados por el abogado al experto para que los considere como base de su opinión pericial.
La enmienda armoniza la Regla 23.1(c) de Procedimiento Civil de Puerto Rico con la Regla 26(b)(4) de Procedimiento Civil Federal, que establece :
(B) Trial-Preparation Protection for Draft Reports or Disclosures. Rules 26(b)(3)(A) and (B) protect drafts of any report or disclosure required under Rule 26(a)(2), regardless of the form in which the draft is recorded.
(C) Trial-Preparation Protection for Communications Between a Party's Attorney and Expert Witnesses. Rules 26(b)(3)(A) and (B) protect communications between the party’s attorney and any witness required to provide a report under Rule 26(a)(2)(B), regardless of the form of the communications, except to the extent that the communications:
(i) relate to compensation for the expert's study or testimony;
(ii) identify facts or data that the party's attorney provided and that the expert considered in forming the opinions to be expressed; or
(iii) identify assumptions that the party's attorney provided and that the expert relied on in forming the opinions to be expressed.
La norma modificada mantiene el texto que reconoce que la otra parte puede solicitar el nombre y la información de contacto del perito que prestará testimonio en el juicio, así como los temas del testimonio y un resumen de la opinión pericial, y las teorías, hechos y argumentos que la respaldan.
De acuerdo con la decisión del caso McNeil Healthcare, la preparación de los peritos en los litigios en Puerto Rico debía gestionarse con la expectativa de que el abogado de la parte contraria pudiera indagar cómo se desarrolló el informe pericial y si las aportaciones del abogado influyeron en la opinión final. La enmienda reduce el alcance de la divulgación de información sobre la evolución de los borradores de los informes periciales y ciertas comunicaciones entre el abogado y el perito. La Exposición de Motivos de la Ley 172-2026 de Puerto Rico, que promulga el Proyecto de Ley del Senado 51 de 2026, identifica la confidencialidad de estos documentos como esencial para una defensa eficaz.
Las partes pueden consultar a un abogado al contratar y gestionar a peritos para evaluar cómo proteger las comunicaciones bajo la doctrina del producto del trabajo.
Si tiene preguntas o desea más información, póngase en contacto con el autor o con su abogado habitual de DLA Piper.