Miembro del equipo en Lilly del Caribe, Inc. v. Municipio de Autónomo de Carolina, 2022 TSPR 101, un caso de arbitrio municipal donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó una exención de dicho arbitrio por el volumen de negocio relacionado con la exportación cuando se originaba en una zona de comercio exterior donde operaba el cliente.
Miembro del equipo en Brau, Linares v. E.L.A. de Puerto Rico, 190 D.P.R. 315 (2014), un caso de derecho constitucional en el que el Tribunal Supremo de Puerto Rico falló por unanimidad a favor del cliente.
Miembro del equipo en Watchtower Bible v. Mun. Dorado I, 192 D.P.R. 73 (2014), un caso histórico de derecho de propiedad en el que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció la existencia de carreteras de propiedad privada en Puerto Rico. Los clientes eran varios complejos hoteleros de Puerto Rico.
Miembro del equipo en In re Wolper, 189 D.P.R, 292 (2013), caso de ejercicio no autorizado de la abogacía en el que el Tribunal Supremo de Puerto Rico falló a favor de los clientes, abogados de fuera del estado que comparecieron en nombre de su cliente en una disputa que se estaba ventilando ante FINRA.
Miembro del equipo en el caso In re Revisión de Los Términos de Servicio de LUMA (Extensión de Responsabilidad), KLRA202100406, en el que el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó la decisión de la Oficina de Energía de Puerto Rico de aprobar una exención de responsabilidad para el cliente. <>
Miembro del equipo que representó al Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico en el caso Lillian Gordo v. Colegio de Tecnólogos Médicos, KLAN201600074, KLAN201600162, en el cual el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó la constitucionalidad de la colegiación obligatoria de todos los tecnólogos médicos y de laboratorio clínico bajo el Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó la expedición del auto de certiorari.
Miembro del equipo legal en el caso Jusino Rosario v. Bio-Medical Applications of Arecibo, Inc., KLAN201601825, en el cual el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó la decisión del tribunal de primera instancia otorgando al cliente sentencia sumaria contra una demanda por negligencia médica de $2 millones.
