Arbitraje Internacional – Canadá

En este artículo discutimos tres decisiones judiciales recientes en Canadá, mismas que hablan, de manera variada, sobre financiamientos por terceros, la ejecución de laudos arbitrales en Canadá, y la admisibilidad de evidencia nueva durante la revisión de la decisión de un tribunal arbitral respecto a su jurisdicción por parte de una corte canadiense.

La Suprema Corte de Canadá determina que la cláusula de arbitraje no es válida

El 26 de junio de 2020, la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de Canadá sostuvo en Uber Technologies Inc. vs. Heller, 2020 SCC 16 que, mientras que las apelaciones respecto de jurisdicción normalmente deberían de hacerse al árbitro, hay excepciones a la regla general. Específicamente, la mayoría de la Corte sostuvo que existe una posibilidad real de que referir dicha apelación a un árbitro, podría resultar en que nunca se resuelva, por lo anterior la Corte podría resolver la apelación en cuestión.

La Cláusula de Arbitraje en cuestión disponía que las controversias bajo el contrato tendrían que resolverse mediante arbitraje en Holanda y que la parte que iniciara el procedimiento tendría que pagar una tarifa por adelantado. Derivado de lo anterior, la mayoría en la Corte declaró que en el Acuerdo de Arbitraje volvía “inalcanzable” la idea de someter a arbitraje la disputa para la demandante y por lo tanto inválida.

La Suprema Corte de Canadá determina que el financiamiento por parte de un tercero para un litigio, no es per se ilegal

El 8 de mayo de 2020, la Suprema Corte de Justicia de Canadá, emitió una decisión unánime en el caso 9354-9186 Québec inc. v. Callidus Capital Corp, 2020 SCC 10, el primer caso ante la Suprema Corte de Justicia de Canadá, que consideró el financiamiento de un litigio por un tercero. Mientras que dicho financiamiento se dio en el contexto específico de una controversia de insolvencia, la determinación de la Corte de que el financiamiento por parte de un tercero no es per se ilegal, aplica de manera más amplia. La corte sostuvo que la legalidad del financiamiento por terceros continúa siendo un tema en evolución en el contexto de demandas colectivas, pero no expresó reservas similares respecto de litigios comerciales individuales. De conformidad con lo anterior, en caso de que partes en arbitrajes internacionales en Canadá estén considerando financiar su disputa por terceros, la decisión de la corte proporciona seguridad en cuanto a que dicho financiamiento no será considerado contrario a las políticas públicas de Canadá. Como tal, la decisión representa un paso positivo en el acceso a la administración de justicia.

La Suprema Corte de Canadá facilita la ejecución de un laudo arbitral

En su decisión reciente en el caso International Air Transport Association v. Instrubel, N.V., 2019 SCC 61, la Suprema Corte de Canadá mantuvo una decisión favorable para partes extranjeras que buscaban ejecutar un laudo arbitral en Canadá.

En 2013, Instrubel, una compañía Holandesa, buscó ejecutar en Quebec dos laudos arbitrales emitidos en contra de varias sociedades Iraquíes. Con este fin, Instrubel obtuvo de la Suprema Corte de Quebec una Orden de Bloqueo – conocida como Solicitud de Confiscación antes del Juicio de Embargo Writ of Seizure before Judgment by Garnishment (la Solicitud) – sobre ciertos cargos (los “Activos”) cobrados por la International Air Transit Association (la IATA) en representación de la Autoridad de Aviación Civil Iraquí (la “Iraquí CAA”). Las oficinas principales de la IATA se encuentran en Montreal Quebec.

En 2015, las sociedades Iraquíes promovieron ante la Suprema Corte de Quebec una solicitud buscando anular la jurisdicción de la corte en cuanto a la emisión de la Solicitud. El juez encargado otorgó dicha anulación con base en (a) que los Activos eran propiedad de la Iraquí CAA (y no de la IATA), y (b) los Activos estaban depositados en Suiza y no en Quebec.

Instrubel apeló. La Corte de Apelación de Quebec sostuvo que la Iraquí CAA no era dueño de los Activos, pero que los mismos representaban una deuda que la IATA debía a la Iraquí CAA. Asimismo, la Corte sostuvo que la ubicación del la cuenta de banco (ej. Suiza), no cambia la ubicación de la deuda (ej. Quebec). Como tal, la IATA era deudora de un derecho personal que se le debía a la Iraquí CAA, y esta deuda podía embargarse en Quebec.

En otra apelación en la Suprema Corte de Canadá, seis de los siete jueces desestimaron la apelación “por las mismas razones que la Corte de Apelación [de Quebec] salvo por los temas que se tocaron en obiter.” No se dieron más razones.

Mientras que el caso involucró la interpretación de la ley de Quebec (Quebec es la única jurisdicción con derecho civil en Canadá), sin embargo, la decisión de la Suprema Corte tiene una aplicación más amplia. Primero, la decisión reafirma que Canadá es una jurisdicción amigable para arbitraje hasta en tanto las cortes canadienses apoyan la ejecución de laudos arbitrales extranjeros en Canadá. Segundo, dado a las “ordenes de bloqueo” similares a las Solicitudes, están disponibles en cualquier otra jurisdicción de Canadá, seguido de que dichas ordenes podrían, en ciertas circunstancias, aplicar a propiedad con suficiente conexión a Canadá hasta en donde el sitio de la propiedad este fuera de Canadá.

La evidencia nueva no es admisible de pleno cuando un corte analiza una decisión arbitral

En el caso The Russia Federation v. Luxtona Limited, 2019 ONSC 7558, al juez Penny de la Lista Comercial de la Corte de Ontario se le solicitó que decidiera sobre si los litigantes pueden presentar evidencia nueva en el contexto de una solicitud judicial para anular la decisión de un tribunal arbitral en relación con jurisdicción.

El caso involucra una controversia contractual entre Luxona Limited y la Federación Rusia. Además de una cláusula arbitral en el contrato, Luxtona inició un arbitraje en contra de Rusia en el que solicitó $701 millones en daños.

Rusia impugnó la jurisdicción del tribunal con base en que la cláusula arbitral era inconsistente con la ley rusa. Como resultado, ambas partes presentaron muchas pruebas periciales sobre el tema. Finalmente, el tribunal sostuvo que sí tenía jurisdicción. En dicha conclusión, el tribunal se basó en su propia interpretación de la ley rusa y no en la del perito ruso.

Rusia posteriormente, presentó una solicitud ante la Suprema Corte de Justicia de Ontario – de conformidad con los artículos 16 (3) y 34 (2) de la Ley Modelo de la CNUDMI (por sus siglas en inglés UNCITRAL) sobre Arbitraje Internacional (misma que fue adoptada en Ontario en cuanto se promulgó la Ley de Arbitraje Comercial Internacional) (la Ley Modelo) – para anular la decisión del tribunal arbitral en relación con su jurisdicción.

Para fundamentar su solicitud, Rusia buscó presentar evidencia nueva en relación con la Ley Rusa y, en particular, evidencia nueva para responder a “las conclusiones incorrectas” del tribunal arbitral. La admisibilidad de pruebas tan recientes fue el tema clave ante el juez Penny.

Previo a la solicitud en cuestión, ninguna corte canadiense había considerado (a) qué constituía el “expediente” de evidencia para anular una decisión de un tribunal arbitral en relación con la jurisdicción y (b) si se podía admitir evidencia nueva en dicha solicitud. En la consideración, el juez Penny citó un precedente del Reino Unido en la materia, ya que la ley del Reino Unido en materia de arbitraje difiere en el aspecto material de la Ley Modelo.

Finalmente, el juez Penny determinó que la evidencia nueva no era admisible por derecho, pero sería admisible si la evidencia satisfacía el test de la Suprema Corte de Canadá como se establece en R. vs Palmer, es decir, que 1) la evidencia no deberá ser admitida en general si, con la debida diligencia, se hubiera podido presentar en etapas anteriores; 2) la evidencia tiene que ser relevante en el sentido en que se refiera a una cuestión decisiva, o potencialmente decisiva en la controversia; 3) la evidencia debe de ser razonablemente creíble; y 4) la evidencia debe de ser tal que si se cree, podrá razonablemente, tomada en cuenta con otra evidencia presentada en la audiencia original, afectar el resultado (los equivalentes de la prueba R. v. Palmer han sido aplicados por el Tribunal de Apelación de Inglaterra y el Tribunal de Apelación de la República de Singapur).

A la fecha, la decisión del juez Penny es, por ahora, la última palabra en Canadá relacionada con la presentación de evidencia nueva en el contexto de una solicitud – en seguimiento a la Ley Modelo – de anular la decisión de un tribunal arbitral en relación con la jurisdicción. Como tal, la decisión será persuasiva (si no vinculante) en todas las otras cortes en provincia y en el territorio.  La decisión también puede resultar convincente para los tribunales de jurisdicciones extranjeras que hayan adoptado la Ley Modelo. Una conclusión práctica para las partes es que deberían presentar la mejor evidencia posible ante el tribunal arbitral, ya que podrá precluir su derecho a presentar evidencia nueva después.

Una versión de este artículo también se encuentra disponible en Inglés.