Cómo proteger sus derechos en Argelia: hoja de ruta para inversores españoles

Los inversores españoles en Argelia han de tomar las medidas necesarias para proteger los derechos que les corresponden según el derecho internacional. La acción que Argelia ha tomado recientemente para bloquear el comercio con España no es solo un acontecimiento de fuerza mayor que afecta a los contratos, sino que probablemente también suponga el incumplimiento del tratado bilateral para la protección de las inversiones de inversores españoles en Argelia. Además de conservar sus derechos contractuales, los inversores han de plantearse de qué manera podrían beneficiarse plenamente de esta salvaguarda independiente que ofrece el derecho internacional. En este artículo se mostrarán los avances políticos y económicos clave, la posición en el derecho internacional y los pasos que los inversores deberían estar siguiendo actualmente para salvaguardar sus intereses.

La acción argelina sin precedentes

El 8 de junio de 2022, el gobierno argelino anunció la suspensión del Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación con España. Esta medida se produjo tras la reciente tensión diplomática entre los dos países, por el reconocimiento por parte de España del plan de autonomía para el Sáhara Occidental propuesto por Marruecos. Junto a dicha suspensión, la Asociación de Bancos y Entidades Financieras (ABEF) de Argelia solicitó que todos los bancos y demás entidades financieras congelaran toda transacción relativa a la exportación de bienes y servicios procedentes o dirigidos a España, con fecha de inicio el 9 de junio de 2022. Es probable que dichas medidas constituyan un evento de fuerza mayor según los acuerdos contractuales existentes, que ya no pueden ejercerse.

Este acto sin precedentes por parte del gobierno argelino no solo tendrá importantes consecuencias económicas para las empresas españolas con inversiones en Argelia, sino también para aquellas que tengan relaciones mercantiles importantes con dicho país. También es posible que los bancos y otros servicios profesionales sufran un fuerte impacto a raíz de esta situación.

Derechos según el derecho internacional

España y Argelia son partes de un tratado bilateral que protege las inversiones y proporciona compensación a los daños causados debido a injerencias ilícitas por parte del Estado¹.

Concretamente, el acuerdo ofrece protección ante:

• Expropiación: No se permite a Argelia expropiar una inversión sin pagar una indemnización adecuada a cambio. Se puede decir que se ha transgredido esta obligación cuando un Estado ha actuado de tal manera que ha privado a un inversor del valor de su inversión, sin pagarle una indemnización justa y adecuada. La expropiación puede ser directa: acto formal y voluntario que normalmente implica la transferencia de parte esencial de los derechos de propiedad a un beneficiario distinto, concretamente, el Estado; o indirecta: que suele consistir en una medida por parte del Estado que deriva en privar notablemente a un inversor del valor económico de su inversión. Para interponer una demanda por expropiación, un inversor tendrá que identificar las aquellas medidas relevantes que ha tomado Argelia, demostrar que ha sufrido una importante privación del disfrute de su inversión y que Argelia no le ha pagado una compensación pronta y adecuada.
• Situaciones en las que no se proporciona a todos los inversores un tratamiento justo y equitativo. Se ha interpretado que esta obligación requiere que el Estado actúe de manera constante, transparente, razonable, sin ambigüedad, arbitrariedad ni discriminación, y de manera uniforme, para garantizar el debido proceso a la hora de tomar decisiones y para respetar las legítimas expectativas de los inversores, lo cual es especialmente importante en este contexto.
• Situaciones en las que no se proporciona protección y seguridad completas. Esta obligación incluye toda protección física, así como seguridad del inversor o su inversión y resultaría de aplicación ante aquellas acciones (o ausencia de estas) atribuibles al Estado y a partes privadas, por ejemplo, en el contexto de una revuelta civil y el uso de la fuerza física.
• Situaciones en las que se da un tratamiento menos favorable que el que se da a los inversores locales (tratamiento nacional), y menos favorable que el que se da a otros inversores extranjeros (tratamiento de país más favorecido).

A pesar de que en cada demanda se incluirán unas causas concretas, los inversores tienen argumentos de peso para demostrar que Argelia está incumpliendo un buen número de estas obligaciones.

El tratado bilateral de inversiones permite a los inversores damnificados iniciar procesos de arbitraje internacional ante un órgano neutral para solicitar una indemnización por daños por el incumplimiento de Argelia. Esto puede ofrecer una importante ventaja ya que cabe la posibilidad de que muchos contratos estén sujetos a la jurisdicción de tribunales argelinos, algo que sin duda los inversores preferirían evitar, teniendo en cuenta la situación política actual.

Medidas para proteger sus derechos

Los inversores españoles a los que afecten las recientes declaraciones argelinas se enfrentarán a situaciones complicadas y el comercio entre las dos naciones ha quedado paralizado. Cuando sea posible, los inversores deberían intentar conservar registros documentales, tanto físicos como electrónicos, que puedan ser cruciales de cara a demandas a Argelia. Concretamente, los inversores deberían intentar guardar copias de los siguientes tipos de documentos:

• Documentos relativos a la formalización de la inversión (aportaciones de capital, etc.) o contratos que resulten pertinentes.
• Copias de cualquier tipo de licencias u otras autorizaciones concedidas por el Estado argelino.
• Documentos que pongan de manifiesto cualquier compromiso adquirido por el Estado argelino (copias de contratos, correspondencia en la que se incluya algún aval o garantía...).
• Documentos que muestren el rendimiento económico de la inversión o del contrato (cuentas anuales e informes contables, previsiones presupuestarias, etc.).

Además, podría requerirse la entrega de notificaciones de fuerza mayor respecto a los contratos que se hayan visto afectados por estas medidas, para minimizar los posibles riesgos derivados de dichos contratos.

Los inversores deberían buscar asesoría respecto a cómo conservar y ejercer los derechos que les corresponden según el tratado bilateral de inversión y como evitar aquellas medidas que pudieran truncar sus posibilidades de éxito en futuras demandas.

Estaremos encantados de hablar en mayor profundidad sobre cualquier aspecto de esta actualización con usted.

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