La ética como ventaja competitiva: claves del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública

En los últimos años, las empresas han experimentado un incremento progresivo de sus obligaciones en materia de cumplimiento normativo y, en consecuencia, de la forma en que desarrollan su actividad. Lejos de estabilizarse, el tablero normativo en materia anticorrupción entra ahora en una nueva fase de transformación en España.

A la reciente puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y las obligaciones asociadas a la Ley 2/2023, se suman ahora diversos proyectos legislativos que pretenden reformar de forma significativa el marco penal vigente en España, en respuesta a los casos de corrupción conocidos en los últimos años.

El más reciente es el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (“ALOIP” o “Anteproyecto”), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de febrero de 2026.

El Anteproyecto tiene como objetivo situar a España en la vanguardia de la lucha contra la corrupción en el sector público. Con este fin, se prevé una mayor presión sobre las organizaciones del sector privado y un endurecimiento de las consecuencias legales, económicas y reputacionales para quienes no adopten medidas eficaces de integridad y cumplimiento.

Destacan en concreto las siguientes medidas previstas para el sector privado:

• Nuevos y mayores riesgos penales. Se prevé la incorporación de nuevos subtipos agravados en el Código Penal, el endurecimiento de penas ya existentes y la ampliación de determinados plazos de prescripción. Las empresas deberán revisar si la reforma final impacta en sus matrices de riesgo y, en su caso, adaptarlos.
• Refuerzo de la protección de informantes. Se exigirá a las organizaciones obligadas a contar con un Sistema Interno de Información que dispongan de un “sistema de cumplimiento o de integridad” estructurado y eficaz. Será necesario hacer seguimiento del trámite del Anteproyecto para conocer qué se entiende por "sistema de cumplimiento" del Sistema Interno de Información.
• Mayor capacidad de recuperación de activos. El Anteproyecto pretende reforzar las herramientas para recuperar importes defraudados o sustraídos. Entre otras medidas, se ampliarán las competencias de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y se prevén figuras como el decomiso sin condena o el decomiso de riqueza no justificada. También se contempla vincular la devolución de lo defraudado a la obtención de beneficios penitenciarios.
• Creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública. Esta nueva autoridad administrativa centralizará la lucha contra prácticas corruptas y fraudulentas en España, integrando organismos actualmente existentes como la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Asimismo, se prevé la creación de secciones judiciales especializadas en materia anticorrupción.
• Creación de “listas negras”. Se establecerá un registro público en el que se identificarán las empresas con prohibición de contratar con las Administraciones Públicas.
• Mayor control en la contratación pública. Se potenciará el uso de tecnología en la Plataforma de Contratación del Estado, incluyendo herramientas de big data e inteligencia artificial para detectar patrones anómalos y prevenir conductas irregulares.
• Mayor transparencia para las sociedades limitadas. Será obligatorio depositar con carácter anual el libro de socios y el traspaso de participaciones ante el Registro Mercantil. También se prevé que, hasta que una nueva sociedad quede inscrita en el Registro, no podrán transmitirse las participaciones sociales, ni entregarse o transmitirse las acciones.

Aunque el ALOIP todavía no ha entrado en fase de tramitación parlamentaria (debe aprobarse en segunda vuelta por el Consejo de Ministros), su contenido anticipa una tendencia clara: mayor presión penal y regulatoria sobre las organizaciones y sus órganos de administración en materia de integridad y lucha contra la corrupción.

Por todo ello, resultará imprescindible realizar un seguimiento cercano de la tramitación del Anteproyecto, con el objetivo de anticipar los posibles cambios normativos, reforzar la seguridad jurídica de la organización y reducir su exposición a riesgos penales, operativos y reputacionales.