Up Again Spain: Ayudas del Gobierno, financiación y beneficios fiscales

Reestructuración

1. Cambios legislativos: ¿Existen otros procesos o ayudas que se hayan incorporado para hacer frente a la pandemia que no hayamos analizado anteriormente? 

Debido a la crisis de la COVID-19, se ha aprobado una serie de medidas para ayudar a las empresas.

Moratoria en el pago de las rentas por alquileres

El Real Decreto-Ley 15/2020 establece una moratoria en el pago de las rentas para los arrendatarios de inmuebles no destinados a vivienda que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la crisis de la COVID-19.

La moratoria se aplicará de forma automática cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor (titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o de una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados), siempre y cuando las partes no hubieran acordado voluntariamente un aplazamiento total o parcial o la cancelación de la deuda.

Del mismo modo, los arrendatarios también pueden solicitar la moratoria cuando el arrendador no cumpla el requisito arriba descrito, siempre y cuando las partes no hubieran acordado voluntariamente un aplazamiento total o parcial o la cancelación de la deuda.

Exclusivamente en el marco del acuerdo arriba indicado, las partes podrán disponer libremente de la fianza, que podrá destinarse al pago total o parcial de alguna o todas las mensualidades. El arrendatario deberá devolver el importe de la fianza que hubiera dispuesto en el plazo de un año desde la conclusión del acuerdo o en el tiempo de vigencia del contrato que quedara pendiente, si fuera inferior a un año.

Moratoria para créditos no hipotecarios

El Real Decreto-Ley 11/2020 establece medidas destinadas a la suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de préstamos o créditos sin garantía hipotecaria que estuvieran vigentes en la fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, cuando hubieran sido contratados por personas físicas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.  Asimismo, será aplicable a los fiadores o avalistas del deudor principal que también se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

2. ¿Hay alguna cosa más que debería conocer?

El nuevo texto refundido de la Ley Concursal se aprobó el 5 de mayo y entrará en vigor el 1 de septiembre de 2020.

Fiscal

3. ¿Cuál es la postura en cuanto a la aplicabilidad de medidas fiscales de emergencia? En particular:

a. ¿Cuáles son y para qué casos?

b. ¿Cuándo se espera que se vayan eliminando, con la vuelta al trabajo o posteriormente?

c. ¿Habrá períodos de transición?

En resumen, las medidas fiscales adoptadas en España son las siguientes:

  • Ampliación de los plazos para presentar las declaraciones.
  • Suspensión del pago de impuestos para pequeñas empresas.
  • Suspensión de los procedimientos tributarios.
  • Exención del IVA para los suministros de material sanitario.
  • Introducción de incentivos fiscales para las donaciones que realicen particulares a favor de determinadas entidades.
  • La mayoría de estas medidas quedarán eliminadas en las próximas semanas.

4. ¿Existen medidas específicas que las empresas deberían tomar para prepararse ante la eliminación de estas medidas fiscales? Por ejemplo, nuevos plazos para:

a. el pago de las obligaciones tributarias (y, por lo tanto, posible presión en el flujo de efectivo), y/o

b. la presentación de declaraciones.

Las empresas que solicitaron la moratoria fiscal deberían estar preparadas para efectuar estos pagos cuando termine el período de ampliación.

5. ¿Deberían las empresas reconsiderar el impacto de las medidas fiscales de emergencia? Por ejemplo, ¿hay negocios jurídicos (como las ventas o las reorganizaciones) que sería preferible aplazar o acelerar?

Es muy probable que, a corto plazo, se incremente la presión fiscal en el impuesto de sociedades y en el IRPF. Por lo tanto, es recomendable acelerar las reorganizaciones intragrupo, la disociación de las unidades de negocio u otras transacciones dentro del grupo que pudieran activar la fiscalidad en España.

6. ¿Existe alguna otra propuesta de medidas, en concreto alguna destinada a un sector en particular, como el transporte aéreo?

Se están debatiendo los incentivos fiscales para los sectores del transporte aéreo y el turismo, entre otros, pero todavía no hay nada decidido.

7. ¿Existe algún sector o grupos de interés que en estos momentos estén proponiendo o que próximamente puedan pedir que se adopte alguna medida fiscal especial?

El sector de la hostelería (restaurantes y hoteles).

8. ¿Qué impuestos podrían aumentar para corregir la carga fiscal causada por la crisis? Por ejemplo:

a. ¿Existe algún compromiso político o tendencias hacia ciertas políticas que pudieran indicar un posible enfoque hacia una subida de impuestos en el futuro, como mantener un impuesto de sociedades bajo, pero subiendo los impuestos que gravan la riqueza de las personas?

b. Medidas para ampliar la base tributaria, como gravar los servicios digitales y para dar respuesta al Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE y del G20 («BEPS 2.0»).

Es probable que suba el impuesto de sociedades, sobre todo por lo que se refiere a los dividendos y a las ganancias de capital, así como el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

El impuesto sobre los servicios digitales se implementará dentro de poco en España.

De acuerdo con el marco inclusivo de la OCDE, la carga fiscal de las empresas de servicios digitales y de bienes de consumo que operen en España es probable que aumente a corto plazo.

9. ¿Existen otras medidas en su país que las empresas deberían tener en cuenta? Por ejemplo:

a. Revisar las liquidaciones anteriores para solicitar la deducción retroactiva de las pérdidas.

b. Revisar o actualizar preliquidaciones de impuestos.

c. Solicitar la desgravación por deudas incobrables del IVA repercutido.

Las empresas deberían pensar en revisar sus políticas sobre precios de transferencia y valorar cómo se verán afectadas por la crisis económica causada por la COVID-19.

Financiero

10. ¿Qué se debe tener en cuenta en cuanto a necesidades de financiación para reanudar la actividad empresarial? ¿Existe algún tipo de medidas de ayuda financiera para la reanudación de la actividad por parte del Gobierno?

Si la empresa ha tenido que cerrar temporalmente, en algunos casos, habrá un desfase entre el momento en que se incurre en los costes para reiniciar la actividad y la posterior percepción de ingresos. Hay que valorar cómo se financiará esa brecha. En particular, si se dispone de fondos a través de un instrumento de crédito revolving, hay que tener en cuenta que posiblemente no se podrán usar fondos de la nueva financiación mientras subsista el impago de la deuda, o bien, con carácter ocasional, si se produce un impago puntual.

Los bancos españoles están dando financiación a empresas con problemas de liquidez a través de un programa que cuenta con apoyo estatal, garantizando hasta en un 70% dichos instrumentos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una especie de banco público. Estos instrumentos están expresamente destinados a garantizar que empresas con problemas de liquidez puedan cumplir sus obligaciones de pago relacionadas, por ejemplo, con los salarios, los impuestos y los alquileres.

Por otra parte, estamos presenciando cada vez con más frecuencia cómo los bancos están dispuestos a aplazar el pago de las cuotas de capital para incrementar la liquidez de las empresas.

11. ¿Qué impacto tendrá sobre los acuerdos financieros o de otro tipo la financiación de la vuelta a la actividad empresarial, incluida la adquisición de mayor endeudamiento?

Si la empresa ha tenido que cerrar temporalmente, habrá que valorar cómo se afrontan los efectos que el cierre tendrá sobre la capacidad de la empresa de cumplir los «covenants» financieros de mantenimiento.

En algunos casos, las entidades de crédito eran favorables a una dispensa para incumplir los covenants (conocida como «waiver») en las fechas de test de marzo y junio, aunque estamos viendo cómo cada vez más entidades de crédito ofrecen mayor flexibilidad en los plazos para los tests de estos covenants, llegando a cubrir la totalidad del ejercicio 2020.

Habrá que valorar si un waiver, o incluso una completa reformulación del covenant, será necesario para futuras fechas de test, y también habrá que valorar cuándo sería un momento adecuado para intentar establecer en qué deberían consistir esos covenants reactivados.

Entre los factores a tener particularmente en cuenta se encuentran:

  • Evidentemente, el descenso de ingresos/EBITDA durante el período de cese de actividad.
  • La probabilidad de que se produzca un incremento paulatino de los ingresos/EBITDA a medida que se relajan las restricciones del cese de actividad.
  • Los costes de la reanudación de la actividad económica.
  • La realización de pagos que se hubieran aplazado, como rentas arrendaticias, tasas comerciales, impuestos o seguridad social.

12. ¿Existen recursos como la aportación de fondos propios o la reducción del margen a medida que cambia la situación financiera que se deberían ir comprobando para obtener liquidez con el fin de evitar impagos o mejorar la situación financiera?

En algunos casos, puede que no sea posible conseguir un waiver o modificar los covenants financieros, por lo que ahora sería prudente revisar el derecho a recurrir a fondos propios en el contrato de crédito.

También se está volviendo a contemplar la recompra de deuda como una solución cuando no resulte posible la aportación de fondos propios o cuando el mercado de deuda ofrezca grandes descuentos (bonos, principalmente).

13. ¿Qué aspectos prácticos hay que tener en cuenta en relación con los requisitos de auditoría?

Aunque las empresas españolas podrían tener tiempo hasta el final del primer semestre para aprobar sus cuentas anuales, convendría valorar los plazos de entrega a las entidades de crédito de los estados financieros auditados y el pragmatismo de los auditores para poder llevar a cabo su auditoría. Habría que considerar si habrá tiempo suficiente y acceso para que los auditores puedan recabar las pruebas suficientes y adecuadas y terminar su informe en plazo.

Habría que valorar la posibilidad de comprobar con los auditores si debiera tenerse en cuenta alguna particularidad al evaluar el tratamiento contable del impacto de la COVID-19 sobre la actividad de la empresa. Esto también podría ser relevante a efectos de calcular los covenants.

14. ¿Cómo sería el proceso si hay que hacer alguna modificación u obtener waivers en la documentación del préstamo (incluido en relación con los covenants financieros)?

Valorar cuántos de los acreedores tienen que dar su consentimiento a la modificación o waiver que se solicita. La modificación de los covenants financieros, por lo general, requiere el consentimiento de la mayoría de los acreedores (normalmente, el 66,6% o 2/3).

Cuando se solicite un waiver a los acreedores en relación con tests de covenants, conviene negociar el margen que se aplicará durante el período en el que se aplique la exención del waiver.

Si bien por defecto se aplica automáticamente el margen más elevado, estamos viendo que, en algunos casos, existe espacio para negociarlo o para buscar alternativas, como convertir en  retribución en especie la parte del margen que haya aumentado como consecuencia de haber establecido el margen más elevado.

Valorar si las autorizaciones previstas en el contrato de crédito permiten la suficiente flexibilidad para poder operar al reiniciar la actividad empresarial en el nuevo entorno económico. Como siempre, los acreedores serán mucho más receptivos a una solicitud bien pensada y razonada y que cuente con el apoyo de unas previsiones y pruebas adecuadas.

Del mismo modo, los acreedores serán más receptivos ante solicitudes de waivers si los planes que se les presentan en cuanto a cuándo se reanudará la actividad empresarial tienen en cuenta el plan actual de reapertura de la economía del Gobierno, sobre todo por lo que se refiere a fechas y restricciones.

15. Negociación con los acreedores, incluyendo modificaciones y waivers – Bonos

a. Si no se pueden cumplir las condiciones de los covenants de bonos, ¿a quién hay que notificarlo?

Si se produce un incumplimiento o es probable que se produzca, la comunicación con los titulares de los bonos a menudo será necesaria a través de una combinación de

  • anuncios públicos en el mercado de cotización de los bonos y en la página web del emisor, y
  • simultáneamente, notificación al depositario o al agente fiscal, según lo que establezca el documento por el que se rijan los bonos.

La mayoría de los eurobonos de alto rendimiento no tienen covenants financieros, incumplimiento de efectos adversos significativos ni incumplimientos cruzados con otra deuda (en el último caso, salvo y hasta que se produzca una aceleración del otro endeudamiento por encima del importe límite).

Los bonos «investment grade» y otros bonos que no son de alto rendimiento pueden incluir disposiciones sobre los efectos negativos más significativos, el cambio de control y el incumplimiento cruzado.

A corto plazo, los principales problemas de incumplimiento en bonos, tanto si son bonos «investment grade» como si son de alto rendimiento o de otra clase que no sean de alto rendimiento, probablemente serán los siguientes:

  • Incapacidad para presentar los informes necesarios (como certificaciones contables que puede ser que no se realicen).
  • No informar a su debido tiempo de desarrollos significativos (cuando la documentación del bono exija tal información).
  • Incapacidad para pagar los intereses o el principal.

b. Si hay que pedir un waiver o una modificación de las condiciones contractuales de los bonos emitidos por nuestra empresa, ¿cuáles son los pasos que hay que dar?

Los documentos por los que se rigen los bonos normalmente incluirán un procedimiento detallado para el caso de que se pidan waivers o modificaciones. Es de esperar que sea necesario el consentimiento de los titulares de los bonos que representen la mayoría del importe de principal pendiente para poder modificar las condiciones no económicas (como la capacidad de incurrir en un nuevo endeudamiento), mientras que, para las condiciones de carácter económico (como vencimiento, tipo de interés, fechas del pago de intereses, divisa), será necesario entre el 90% y el 100%, en función de la documentación de los bonos.

Los cambios en los acuerdos sobre las garantías también pueden requerir el consentimiento de una mayoría cualificada. Los umbrales para el consentimiento de los titulares de los bonos estarán reflejados en el instrumento fiduciario o en la escritura de los bonos.

En primera instancia, el emisor debería hacer que las cláusulas relativas a las modificaciones y waivers de la documentación de los bonos fueran revisadas por un jurista, y pedir asesoramiento jurídico acerca de la comunicación pública de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables en materia de títulos.

c. ¿Cuál es el procedimiento para contactar con los titulares de los bonos y mantener reuniones con ellos para acordar cambios en las condiciones de los documentos que los regulan?

Los bonos están en formato electrónico a través de los sistemas de clearing y normalmente a través de un custodio que ostenta un derecho de usufructo sobre los mismos en nombre de los inversores finales. Asimismo, los bonos se negocian libremente en el mercado OTC.

Por lo general, los emisores de eurobonos cotizados y objeto de negociación suelen desconocer quiénes son sus titulares. Para conseguir que el titular de los bonos conceda su consentimiento a una modificación, será necesario un procedimiento para solicitarlo. Los emisores normalmente contarán con la ayuda de un asesor financiero y de un agente de información con el fin de gestionar un procedimiento escrito y regulado para la concesión del consentimiento a través del fiduciario o del agente fiscal.

Cuando fuera necesario, las reuniones de los titulares de bonos se regirán por una combinación de los documentos que rijan tales bonos, las reglas de los correspondientes sistemas de clearing y las correspondientes disposiciones legales locales.