15 de julio de 2025 • 2 minutos de lectura
Chile: Cambios clave en la protección constitucional del secreto bancario
Desde el año 2023, en Chile se está discutiendo el Proyecto de Ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, compuesto por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas (SNA), con el objetivo de reforzar la capacidad del Estado para perseguir los delitos de corrupción.
Disposiciones clave del proyecto de ley
En el marco de su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, el Ministerio de Hacienda reincorporó una disposición que otorga a la UAF la facultad de requerir información sujeta a secreto bancario sin la necesidad de contar con autorización judicial previa.
La modificación busca permitir que la UAF pueda acceder directamente a información protegida por secreto bancario, exclusivamente en los casos vinculados a Reportes de Operaciones Sospechosas, referido a un banco, un funcionario público y a una persona jurídica, con el objetivo de agilizar las investigaciones relacionadas con el delito de lavado de activos y el crimen organizado, así como disminuir la carga de trabajo de los tribunales de justicia. Según el Ministerio, esta medida se alinea con la experiencia comparada internacional, siendo Chile, el único país del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, entre los 18 que lo conforman, que mantiene el requisito de autorización judicial previa para este tipo de solicitudes.
Debate sobre la enmienda
Cabe destacar que esta propuesta no ha estado exenta de cuestionamientos. De hecho, fue rechazada durante el primer trámite constitucional en el Senado, debido a las preocupaciones respecto de su impacto sobre las garantías individuales, la protección a la vida privada y el debido proceso.
Próximos pasos
Si bien esta facultad excepcional busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado, su eventual aprobación abre un debate respecto a su compatibilidad con el marco del Estado de Derecho y la protección de las garantías constitucionales. En este contexto, surgen interrogantes sobre los límites que pueden establecerse entre la eficiencia investigativa y el resguardo de derechos fundamentales. La decisión que se adopte podría constituir un precedente relevante en materia de prevención y persecución penal.
De aprobarse en la Cámara de Diputados, el Senado tendrá la tarea de abordar esta discusión y definir si dicha facultad se incorporará al marco legal del Subsistema de Inteligencia Económica.
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