El Gobierno aprueba el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial

El Consejo de Ministros ha aprobado el 26 de mayo para su remisión al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que adapta al ordenamiento jurídico español el Reglamento (UE) 2024/1689 – el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial - ("RIA"), que está en vigor desde agosto de 2024.

 

Designación de autoridades:

La ley designa las autoridades notificantes y autoridades de vigilancia del mercado, encargadas de supervisar el cumplimiento de la normativa. Aquellos sistemas no regulados por legislación sectoriales (por producto) —como los relativos al empleo, la biometría o la educación— se atribuyen principalmente a la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en función del ámbito a supervisar.  La AESIA actuará además como punto de contacto único para cuestiones de supervisión. 

 

Régimen sancionador

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. Las sanciones pueden alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio total mundial correspondiente al ejercicio anterior en los casos más graves, y hasta 500.000 euros o el 0,5% del volumen de negocio en las más leves. La norma concede flexibilidad para las autoridades en la aplicación de las sanciones, adaptándolas a la gravedad, intencionalidad o reincidenci e incorpora mecanismos que priorizan la corrección frente a la penalización, como reducciones por pronto pago, adopción de medidas correctoras y consideración específica del tamaño empresarial para proteger a pymes y startups. 

 

Buen uso de la IA en el sector público estatal

Más allá de la transposición del RIA, la norma incorpora medidas propias para impulsar el buen uso de la IA en el sector público estatal, a petición de numerosas propuestas recibidas en la audiencia pública. A pesar de que algunas de estas medidas se desarrollarán por Real Decreto, las más relevantes son las siguientes:

• Creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos, que abarca no solo los sistemas de alto riesgo, sino todos los sistemas, reforzando así la transparencia. 
• Establecimiento de la figura del delegado de IA, encargado de coordinar la aplicación normativa y asesorar en proyectos y contratación pública. 
• Impulso de la formación y concienciación de los empleados públicos en materia de inteligencia artificial. 

 

Entornos de pruebas a escala nacional

Partiendo de la experiencia satisfactoria del sandbox de IA con el que España se adelantó a la obligación europea, la ley determina cómo articular la gobernanza de los entornos controlados de pruebas y las medidas facilitadoras a escala nacional con el objetivo de ayudar a los proveedores de IA a cumplir la legislación. El espacio controlado de pruebas de ámbito nacional, de obligada creación conforme al Reglamento de IA, será operado por la AESIA.  

Se permite asimismo la creación de sandboxes adicionales por parte de las autoridades de vigilancia del mercado o notificantes, asociados a su sector de supervisión, y se exige la participación de las autoridades responsables de las políticas públicas sectoriales y de derechos fundamentales. 

 

Aspectos clave

La norma busca hacer más seguros los entornos digitales, exigiendo responsabilidad a los responsables de la IA que usen sistemas prohibidos – recordemos que el pasado 7 de mayo la Unión Europea acordó añadir dos sistemas prohibidos a los ya contemplados en esta categoría -, imponiendo la supervisión humana en casos que puedan afectar a los derechos fundamentales, promoviendo la transparencia algorítmica e incluyendo medidas específicas para la protección de los menores.

El texto combina el enfoque regulador con el impulso a la innovación segura, garantizando la supervisión humana, la transparencia algorítmica y medidas específicas de protección de los menores. España enmarca esta legislación dentro de su liderazgo digital, recordando que cuenta con dos fábricas de IA de la UE, un proyecto de gigafactoría así como empresas punteras en la materia.