Integridad pública y competencia: dos realidades conectadas

La CNMC acaba de emitir su informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, a solicitud del Ministerio de Hacienda, y ha lanzado un mensaje claro: la competencia es una herramienta clave para prevenir la corrupción.

Que la corrupción es un lastre para la economía no es ninguna novedad. Lo que quizá no sea tan evidente es que la lucha contra la corrupción y la defensa de la competencia van de la mano, y que las empresas cuyo modelo de negocio depende de interacciones constantes con la Administración tienen motivos de sobra para prestar atención a los últimos movimientos del legislador.

El legislador aspira a establecer un sistema integral para prevenir, detectar y sancionar el fraude y la corrupción en el sector público, reforzar la confianza institucional y salvaguardar el interés general. Y la CNMC hace bien en aprovechar la ocasión para subrayar que la corrupción reduce la competencia y solicitar un refuerzo de las medidas para prevenirla. No en vano, la lucha contra la manipulación de licitaciones públicas sigue siendo una de las principales prioridades de la CNMC.

¿Y esto en qué afecta a las empresas? En mucho más de lo que podría parecer a primera vista porque las recomendaciones de la CNMC van dirigidas directamente al corazón de la contratación pública y, por extensión, al día a día de cualquier compañía cuyo modelo de negocio dependa de ellas.

Por ejemplo, la CNMC propone incluir de forma expresa los riesgos de colusión en la contratación pública y reforzar la formación en competencia del personal público, para que puedan detectar con mayor facilidad patrones sospechosos. Otras propuestas interesantes pasan por exigir a los licitadores declaraciones de oferta independiente y ausencia de colusión o evitar que una transparencia excesiva en la información contractual facilite la colusión o exponga información sensible.

Como era de esperar, la CNMC sigue poniendo el foco en los programas de cumplimiento. Las empresas que se presentan habitualmente a licitaciones públicas ya están acostumbradas a las exigencias de integridad, pero incorporar la normativa de competencia como elemento esencial de esos programas eleva el listón y obliga a repensar los controles internos, que cada vez están más en el punto de mira en el contexto jurídico y económico actual.

En definitiva, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, con las mejoras propuestas por la CNMC, dibuja un escenario en el que la contratación pública será más exigente, estará más vigilada y más conectada con el derecho de la competencia. Para las empresas que compiten con limpieza, esto es una oportunidad: un terreno de juego más equilibrado donde la calidad de las ofertas tenga más peso. Para las que no, el cerco se estrecha.