Índice de Percepción de la Corrupción 2025: Puntos clave para las operaciones en América Latina

Transparency International publicó recientemente su Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2025, que clasifica a 182 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público.

Según el informe publicado el 10 de febrero de 2026, América Latina obtuvo una puntuación media de 42 sobre 100, con dos países —República Dominicana (37) y Guyana (40)— que mostraron una mejora significativa. Sin embargo, las puntuaciones de 12 de los 33 países han disminuido desde 2012.

Esta alerta resume las principales conclusiones y sus implicaciones para las empresas e instituciones que operan en la región.

Resumen del IPC 2025

El IPC utiliza una escala de puntuación de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio) para sus clasificaciones. Cabe destacar que, por primera vez en más de una década, la puntuación media mundial del IPC descendió a 42, con 122 de los 182 países por debajo de 50.

El informe del IPC señala que la corrupción persistente en América Latina se ha asociado con retos en materia de gobernanza, servicios públicos y seguridad. Estos factores siguen siendo relevantes para los inversores extranjeros, las empresas multinacionales y los profesionales del derecho que operan en la región.

Clasificaciones regionales: América

La siguiente tabla resume las puntuaciones del IPC 2025 y sus observaciones para determinados países americanos:

País	Puntuación del IPC 2025	Observaciones clave
Uruguay	73	Líder regional; una de las democracias más sólidas de América
Chile	63	Se observa un reciente declive a pesar de la fortaleza histórica de sus instituciones
Estados Unidos	64	Descenso sostenido hasta su puntuación más baja
Argentina	36	Investigaciones sobre presuntos casos de corrupción en la gestión de fondos destinados a medicamentos para personas con discapacidad
República Dominicana	37	Uno de los dos países latinoamericanos que muestran una mejora significativa desde 2012
Guyana	40	Uno de los dos países latinoamericanos que muestran una mejora significativa desde 2012
Ecuador	33	Disminución de la transparencia y las libertades civiles; leyes que limitan el acceso de las organizaciones no gubernamentales (ONG) a la financiación y obstaculizan sus operaciones
El Salvador	32	Aumento de la intimidación y la hostilidad hacia los medios de comunicación independientes
Perú	30	La corrupción en los servicios públicos ha tenido graves consecuencias, entre ellas escándalos relacionados con la distribución de alimentos contaminados en escuelas públicas
México	27	Ocupa el puesto 141 de 182 a nivel mundial y el último entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); está relacionada con la debilidad institucional y la infiltración del crimen organizado
Guatemala	Por debajo del 27	Clasificado justo por debajo de México
Haiti	16	Entre los tres más bajos de la región; caracterizado por altos niveles de represión e instituciones fallidas
Nicaragua	14	Entre los tres más bajos de la región; corrupción y represión arraigadas.
Venezuela	10	País con la puntuación más baja de América; años de corrupción generalizada han provocado un aumento de la pobreza y la malnutrición

Temas y riesgos clave del IPC 2025

Crimen organizado e infiltración política: En varios países latinoamericanos, la corrupción está cada vez más vinculada al crimen organizado. En México, los resultados del IPC destacan la infiltración del crimen organizado en la política, lo que facilita la influencia política y socava la rendición de cuentas. Este nexo entre la corrupción y la criminalidad plantea mayores riesgos de cumplimiento y seguridad para las empresas que operan en las jurisdicciones afectadas.

Debilitamiento de los controles y equilibrios democráticos: países como El Salvador y Ecuador están experimentando un declive de la transparencia y las libertades civiles. Las nuevas leyes que limitan el acceso de las ONG a la financiación, junto con la intimidación y la hostilidad hacia los medios de comunicación independientes, han reducido la supervisión ciudadana y la capacidad de exigir responsabilidades a los gobiernos. Estos acontecimientos apuntan a una mayor imprevisibilidad normativa y a un mayor riesgo para la reputación.

Repercusión en los servicios públicos y los derechos humanos: En Perú, la corrupción en los servicios públicos ha tenido graves consecuencias, como los escándalos en los que, según se informa, los supuestos sobornos para eludir las inspecciones sanitarias dieron lugar a la distribución de alimentos contaminados en las escuelas públicas. En Venezuela, la corrupción generalizada ha contribuido al aumento de la pobreza y la malnutrición, ya que millones de familias sobreviven con un acceso limitado a los alimentos, el agua y la electricidad. Estas condiciones ponen de relieve el coste humano de la corrupción descontrolada y la importancia de una diligencia debida sólida.

Consideraciones sobre la aplicación de la FCPA de EE. UU.: La congelación temporal de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en virtud de un decreto ejecutivo emitido por el presidente Donald Trump dio lugar, en última instancia, a la revisión de las Directrices de la FCPA promulgadas en junio de 2025. Entre otras cosas dignas de mención, las Directrices de la FCPA dan prioridad a la aplicación de la ley contra las conductas que implican a cárteles criminales (aunque sea de forma tangencial) y a las «organizaciones criminales transnacionales» (OCT) en general. Se anima a los países con cárteles importantes o actividad delictiva organizada a que estén alerta ante el mayor riesgo que corren las empresas legítimas que pueden entrar en contacto sin saberlo con miembros de cárteles o del crimen organizado, algo bastante común en múltiples industrias y sectores. Las Directrices de la FCPA también subrayan las «medidas de aplicación de la ley contra conductas que socavan directamente los intereses nacionales de los Estados Unidos», una categoría muy amplia. Aunque los dirigentes del Departamento de Justicia han rechazado la sugerencia de que se haya producido un retroceso en la aplicación de la FCPA, las nuevas políticas cambian el panorama de la aplicación de la ley para las empresas que operan en América Latina.

Implicaciones para las empresas y los programas de cumplimiento

Los resultados del CPI 2025 subrayan la importancia de contar con marcos sólidos de cumplimiento anticorrupción para las empresas que operan o se expanden en América Latina. Las empresas pueden considerar lo siguiente:

Diligencia debida mejorada: se anima a las empresas a reforzar los procesos de diligencia debida de terceros, en particular en el caso de los agentes, distribuidores y socios de empresas conjuntas en países con puntuaciones del IPC persistentemente bajas o en descenso.

Evaluaciones de riesgo actualizadas: Las organizaciones pueden actualizar sus evaluaciones de riesgo a nivel nacional para reflejar los últimos datos del IPC y los factores específicos de cada país, como la infiltración del crimen organizado, el debilitamiento de las instituciones y las restricciones al espacio cívico.

Formación y sensibilización: La formación anticorrupción puede adaptarse para abordar los riesgos específicos identificados en el IPC, como el soborno en la contratación pública, la corrupción en los servicios públicos y la exposición política.

Seguimiento de la evolución normativa: Se anima a las empresas a seguir de cerca la evolución de la aplicación de la FCPA y otros regímenes anticorrupción, dadas las señales de posibles cambios en las prioridades de aplicación.

Conclusión

Dado el panorama anticorrupción en América Latina, tal y como se evalúa en el informe CPI 2025, se anima a las empresas e instituciones a permanecer alerta.

Seguiremos supervisando la evolución de la situación y proporcionando información actualizada cuando sea necesario.

Para obtener más información o asistencia sobre cuestiones de cumplimiento de la normativa anticorrupción en América Latina, póngase en contacto con nuestro grupo de práctica de delitos de cuello blanco en América Latina:

• Sonia Torres – Estados Unidos y Puerto Rico
• Nereida Meléndez – Estados Unidos y Puerto Rico
• Francesca Franzani – Chile
• Alberto Rubio – Argentina
• Antonio Cárdenas – México
• José Allemant – Perú

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